Celebración del Bicentenario 1811-2011
1811-2011 Bicentenario del Congreso Nacional de Chile
El día 15 de diciembre de 1810 la Junta de Gobierno le da su aprobación a una instrucción o reglamento del futuro Congreso, elaborado por Juan Martínez de Rozas, el cual será el documento fundacional del Parlamento chileno. En consecuencia, durante el primer trimestre de 1811 se efectúan en la capital y en las provincias las elecciones de diputados al Congreso Nacional. Elegidos sus representantes, el día 4 de julio de 1811 se da solemne apertura al primer Congreso Nacional. La comitiva compuesta por los diputados del Congreso, de los cinco vocales de la Junta de Gobierno, del Cabildo y del nuevo Tribunal de Justicia, militares, doctores de la Universidad y vecinos connotados, son recibidos con honores en la Catedral, donde se celebra una misa solemne en la cual el padre Camilo Henríquez pronuncia un sermón patriótico. Tras el sermón, el Secretario de la Junta don Gregorio Argomedo, dirigiéndose a los Diputados, les pide en voz alta el juramento de sostener la religión católica, obedecer a Fernando VII, defender al reino contra sus enemigos exteriores e interiores y de cumplir fielmente el cargo que les ha confiado el pueblo. “Sí, juramos” contestan todos y, acercándose de dos en dos y arrodillándose ante un crucifijo, tocan una Biblia y se retiran a sus asientos. Terminada la misa, los diputados salen formados a la plaza de armas, donde la tropa los saluda presentando armas y haciendo una salva de artillería. Acto seguido, los diputados ocupan el salón destinado a las sesiones del Congreso, en el edificio que actualmente ocupa el Museo Histórico Nacional en la Plaza de Armas de Santiago. Esa noche es celebrada con la iluminación general en toda la ciudad, con fuegos artificiales y con la quema de efigies alusivas a la solemne apertura del Congreso.
Consolidada la Independencia nacional luego de la victoria patriota en Maipú, y en vista de la demanda ciudadana, el Director Supremo Bernardo O´Higgins dispone la existencia de un “Congreso de Diputados” compuesto por cinco miembros titulares y cinco suplentes nombrados por O´Higgins, quienes, a pesar de este origen, mantienen un alto grado de independencia y decisión. Destacan en su gestión legislativa la abolición de los títulos de nobleza (1818) y nuestra primera Ley de Indios (1819). Posteriormente, en el año 1822, el Director Supremo Bernardo O´Higgins convoca la instauración de un Congreso Bicameral emanado de la Constitución de ese mismo año. Sin embargo, en vista del fracaso de la Carta de 1822 y la caída de Bernardo O´Higgins, esta corporación no llega a operar.
El Congreso elegido en 1831 es formado por los partidarios del grupo estanquero-pelucón dirigido por Diego Portales, el cual ocupa el Senado de manera exclusiva, más una importante mayoría en la Cámara de Diputados. La importancia de este Congreso radica, fundamentalmente, en el debate constitucional que precede a la redacción de la Constitución de 1833. Esta Carta establece un gobierno de fuerte presidencialismo, con un claro predominio de éste sobre el Congreso y del Senado sobre la Cámara, facilitando la alianza entre el Ejecutivo y el Senado y haciendo de esta situación uno de los enclaves del autoritarismo de la República Conservadora.
A partir de la década de 1840 podemos destacar la presencia en el Congreso de intelectuales de primer orden, tales como: Andrés Bello, José Miguel de la Barra, José Victorino Lastarria, Eusebio Lillo, Miguel Luis Amunátegui, Benjamín Vicuña Mackenna, Manuel Antonio Matta, Diego Barros Arana, Alberto Blest Gana, Valentín Letelier y otros quienes, a través de su importante contribución científica, educacional y cultural, dan a conocer nuevas ideas, aires de cambio que abogan por una mayor representatividad dentro del sistema político, el que se encontraba concentrado desde hacía años en manos de los conservadores. Las corrientes liberales de muchos de estos intelectuales van cimentando poco a poco el camino para posteriores cambios y reformas en el desarrollo de la política nacional. En consecuencia, a partir de la década de 1840 se sancionan una serie de importantes iniciativas legales, tales como la Ley Orgánica de la Universidad de Chile (1842), la Ley de Matrimonio para Disidentes (1844) y la Ley de Colonización (1845). En la década siguiente destacan la promulgación del Código Civil (1855), la Ley de Instrucción Primaria (1860) que instaura el principio de la gratuidad en la enseñanza popular, y la Ley de Bancos (1860). En le decenio siguiente sobresalen la promulgación del Código de Comercio (1865), la Ley de Culto para Disidentes (1865) y la Ley de Registro Electoral (1869).
A partir de la década de 1870 se implementan una serie de reformas constitucionales de carácter liberal. Entre éstas se distinguen la reforma que prohíbe la reelección presidencial (1871), terminando con los denominados “decenios”, la reforma sobre quórum legislativo (1873), y las que limitan el Poder Ejecutivo y el Senado y fortalecen la Cámara de Diputados, la de incompatibilidad parlamentaria con empleos de nombramiento presidencial y la nueva Ley Electoral (1874) que elimina el voto censitario y establece el sufragio universal masculino. Posteriormente, se agregan las reformas que quitan al Senado el monopolio de iniciar reformas constitucionales (1882) y la que elimina los senadores suplentes e instaura en su lugar su reemplazo por elección popular, en las denominadas “elecciones complementarias”. Otra iniciativa legal de la mayor importancia es el denominado Decreto Amunátegui, sancionado en 1877 y que permite el ingreso de las mujeres a la educación superior. Durante este periodo es edificada la primera sede construida especialmente para el Congreso Nacional, ubicada en la manzana que enmarcan las calles Compañía, Morandé, Catedral y Bandera. Este histórico edificio es inaugurado por el Presidente Federico Errázuriz Zañartu el 1° de junio de 1876. En la década de 1880 y tras la victoria chilena en la guerra del pacífico, se promulgan un importante número de iniciativas legales, tales como la Ley de Cementerios Laicos (1833), la Ley de Matrimonio Civil (1884), la Ley de Registro Civil (1884) y la Ley de Garantías Individuales (1884).
En el transcurso del año 1890 y debido a la aguda crisis que enfrenta al Presidente José Manuel Balmaceda con el Congreso Nacional, éste último acuerda postergar el trámite de las leyes periódicas, negándose a discutir la ley de presupuestos para el año 1891 mientras no exista un gabinete de confianza parlamentaria. Como el Presidente decide gobernar a partir del 1° de enero de 1891 con el presupuesto aprobado el año anterior, el Congreso considera que esta medida atropella a la Constitución y al Parlamento, con lo cual el Jefe de Estado aparece violando la Carta Fundamental e instaurando una dictadura. En consecuencia, el Congreso suscribe por mayoría un acta de deposición del Presidente. Estos acontecimientos desembocan en el alzamiento de la escuadra en contra de Balmaceda y en apoyo al Congreso, estallando la guerra civil. Derrotado el Presidente Balmaceda, se impone en el país un régimen político parlamentario. Sin embargo, esta preeminencia del Parlamento no significa reemplazar la Constitución de 1833, sino que se la reforma e interpreta de manera parlamentaria –por medio de las llamadas “prácticas parlamentarias”-, limitando y disminuyendo el poder del Jefe de Estado y otorgando facultades ejecutivas a los partidos políticos representados en el Congreso. Entre estas prácticas predominan las facultades de pedir cuentas a los ministros en las llamadas interpelaciones, las que provocan una marcada inestabilidad de los gabinetes, afectados por una frecuente rotativa ministerial.
Con ocasión de las celebraciones del Centenario en 1910, en el Congreso y en la opinión pública se hace presente una sensación de malestar y pesimismo, con duras críticas al sistema político parlamentario, en vista de su ineficacia y su inmovilismo, especialmente ante la denominada “cuestión social”. Durante este periodo la clase obrera comienza a organizarse y a luchar por instalar en el centro de la agenda pública sus demandas específicas. Muchos personajes de la historia política del país participan activamente en la fundación de clubes y sociedades literarias, movimientos y organizaciones obreras, que pronto derivan en movimientos y partidos políticos, donde sus principales figuras buscan legitimar su existencia a través de la representación parlamentaria. Entre ellos podemos destacar a Malaquías Concha, parlamentario y fundador del Partido Democrático y a Luis Emilio Recabarren Serrano, obrero tipógrafo que funda en 1912 el Partido Obrero Socialista, que más adelante, en 1922, se convertiría en el Partido Comunista de Chile.
Este malestar social y político se manifiesta el año 1920 con la elección presidencial de Arturo Alessandri Palma, quien hace una dura crítica al sistema y a la clase política que sostiene al régimen imperante, el cual entra en su crisis terminal el año 1924, con la intervención militar que obliga al Congreso a aprobar sin mayor debate una serie de leyes sociales que estaban pendientes desde largo tiempo en el Parlamento. En esas circunstancias en marzo de 1925 se dicta el Decreto Ley Nº 343 que crea el Registro Electoral e instituye las Juntas Inscriptoras departamentales permanentes. Ese mismo año y tras el regreso de Alessandri a la Primera Magistratura, éste impulsa la redacción de una nueva Constitución Política que pone fin al parlamentarismo, restaurando el sistema presidencialista.
Con la promulgación de la Constitución de 1925 se inicia un nuevo periodo en la historia política y parlamentaria de Chile, marcado por la preeminencia del Ejecutivo por sobre el Legislativo. Entre las características fundamentales que sancionan esta modificación en la Carta Fundamental sobresalen: Se suprimen las facultades de interpelación y censura del Congreso en relación a los ministros de Estado, quienes pasan a ser de la exclusiva confianza del Presidente de la República, las leyes de contribuciones y de fijación de las Fuerzas Armadas pierden su carácter de periódicas y la ley de presupuestos pierde su carácter de arma política del Parlamento ante el Ejecutivo, se prohíbe el acceso de Diputados y Senadores a cargos ministeriales y entrega el control de las elecciones a un ente autónomo, el Tribunal Calificador de Elecciones. El Congreso, que permanece disuelto desde el golpe militar del año 1924, reasume sus funciones en marzo de 1926. La década de 1920 ve la promulgación de una serie de iniciativas legales de la mayor importancia, tales como la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria (1920), consagrando su obligatoriedad, gratuita y laica. Las denominadas Leyes Sociales (1924) tales como el Contrato de Trabajo, el Seguro Obrero, la Ley de Accidentes del Trabajo y la Ley de Organización Sindical, entre otras y la creación de la Contraloría General de la República y de Carabineros de Chile (1927).
Desde la promulgación de la Constitución de 1925 y hasta la reelección presidencial de Arturo Alessandri en 1932, el país se ve envuelto en un periodo de graves convulsiones políticas. En esas circunstancias el Congreso debe enfrentar el autoritarismo del general Carlos Ibáñez del Campo, la gravísima crisis económica internacional del año 1929, la instauración de la denominada República Socialista, durante la cual el Congreso es clausurado, y una serie de asonadas y golpes de Estado. Efectuadas las elecciones presidenciales en el año 1932, Arturo Alessandri Palma es electo Presidente de la República para el período 1932 a 1938. En estas elecciones el Congreso se renueva íntegramente, reflejando en su composición los cambios políticos ocurridos durante el convulsionado periodo entre 1924 y 1932. A pesar de la aguda inestabilidad política de este periodo, se aprueban iniciativas legales de la mayor trascendencia, tales como la dictación de nuestro primer Código del Trabajo (1931), la Ley del Código Sanitario (1931), la creación de la Línea Aérea Nacional (1932) y del Servicio de Impuestos Internos (1935).
A partir del segundo gobierno de Arturo Alessandri la labor parlamentaria se regulariza, operando en el nuevo marco institucional que sanciona la Constitución de 1925. Según esta Carta, los parlamentarios y el Presidente de la República deben elegirse por votación universal. En este periodo el Congreso y la labor legislativa asumen los nuevos problemas económico-sociales surgidos por los cambios históricos que enfrenta el país. El Parlamento, integrado ahora por variados sectores, promueve reformas en el ámbito social que favorecen a los grupos más desposeídos. En cuanto a la actividad económica, se hace eco de la tendencia industrializadora del Estado con la dictación en 1939 de la Ley CORFO, y en el ámbito político, impulsa una progresiva democratización en el acceso al sistema político. En consecuencia, el Parlamento es el espacio en el que se reflejan los cambios y conflictos de la sociedad chilena. En ese sentido en el año 1934 se otorga a la mujer el derecho de sufragio municipal a partir de los 25 años. 15 años después, el día 8 de enero de 1949, en un acto público con la asistencia del Presidente de la República don Gabriel González Videla, se firma la ley N° 9292 que autoriza el voto político para la mujer. Esta ley permite el sufragio femenino irrestricto, instaurando por primera vez en la historia de Chile el sufragio universal efectivo.
El equilibrio de fuerzas políticas imperante en el Congreso Nacional se ve afectado por la nítida aparición de una nueva clase social, la clase media, la cual, con un mayor acceso a la educación, logra ingresar a la arena política con la idea de representar los intereses de las diferentes capas de la sociedad. Abogados, médicos, periodistas, intelectuales, escritores, agricultores van integrando poco a poco el mundo de la política. Las militancias partidarias de los grupos mesocráticos les permiten impulsar carreras políticas, las que se ven legitimadas a través de la elección de sus militantes en el Parlamento. Muchos de estos ‘políticos de profesión’ hacen carrera como diputados, luego como senadores y culminan, posteriormente, con el acceso a la primera magistratura del país. Es el caso, entre otros, de Arturo Alessandri Palma; Carlos Ibáñez del Campo; Salvador Allende Gossens; Pedro Aguirre Cerda; Eduardo Frei Montalva; Gabriel González Videla y más recientemente Patricio Aylwin Azócar, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet.
Para este periodo y desde el mundo intelectual podemos destacar a los Premios Nacionales de Literatura como el diputado socialista Julio Barrenechea, escritor y diplomático y Pablo Neruda, quien es parlamentario por el Partido Comunista y gana el Premio Nobel de Literatura en 1971. Así mismo y de manera progresiva, las mujeres se hacen presentes en el Parlamento. La primera mujer en Chile que llega al Congreso es la radical Inés Enríquez Frodden, electa Diputada para el período 1949-1953. Así mismo, podemos mencionar a la periodista y escritora, María de la Cruz Toledo, quien participa en la formación del Partido Femenino de Chile y se convierte en la primera senadora de la historia de Chile, durante el período 1949-1957. Otras mujeres que han estado presentes en el Congreso Nacional han sido Silvia Alessandri, Julieta Campusano y Gladys Marín.
Desde la década de los cincuenta comienza a desarrollarse en el país una nueva forma de hacer política que consiste en concebir los cambios políticos, económicos y sociales desde visiones globales. En vista de esta búsqueda de cambios estructurales, durante la administración de Eduardo Frei Montalva y su “Revolución en Libertad” se promulgan importantes leyes tales como la Ley de Chilenización del Cobre (1966), la Ley de Juntas de Vecinos (1968) y la Ley de Reforma Agraria (1967), de enormes consecuencias en la modificación de la estructura social, política y económica en Chile. Posteriormente, en el gobierno de la Unidad Popular se aprueba por unanimidad del Congreso la Ley de Nacionalización del Cobre (1971), que deja en manos del Estado chileno la propiedad de la gran minería del cobre. Estas visiones ideológicas de cambio estructural, que aspiran a dar soluciones a los problemas nacionales a través de proyectos políticos totalizadores, contribuyen también a debilitar el juego político imperante hasta entonces, fundado en la negociación, el compromiso y el acuerdo y que tiene como espacio privilegiado al Congreso. Esta situación entra en crisis durante el gobierno de Salvador Allende, durante el cual se ensaya un proyecto político de carácter socialista, muy resistido por algunos sectores de la sociedad chilena. En vista de ello, se produce una lógica de confrontación aguda, la que deviene en el golpe de Estado de septiembre de 1973, clausurando los intentos de una salida institucional al conflicto.
Derrocado el gobierno democrático en septiembre de 1973, la Junta Militar de Gobierno que toma el poder clausura el Congreso, disolviéndolo el día 21 de septiembre. Debido a ello, la función legislativa es efectuada por la Junta Militar de Gobierno. Esta función legislativa comprende dos etapas distintas. La primera abarca desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de 1981. Durante la primera etapa la Junta asume los “poderes Constituyente, Legislativo y Ejecutivo”, potestad que ejerce mediante la dictación de Decretos Leyes que llevan la firma de sus miembros. La iniciativa para la dictación de un Decreto Ley sólo puede emanar del Presidente de la República o de los demás miembros de la Junta. En junio de 1974 se dicta el Estatuto de la Junta de Gobierno, quedando investida de los poderes Legislativo y Constituyente. La segunda etapa de la función legislativa de la Junta Militar abarca desde el 11 de marzo de 1981, fecha en que entra en vigencia la Constitución de 1980, hasta el 11 de marzo de 1990. Por ello, durante este periodo la Junta de Gobierno ejerce, por la unanimidad de sus miembros, el “Poder Legislativo”. La facultad constituyente y legislativa que ostenta la Junta pasa a ejercerse mediante leyes, que llevan las firmas de sus miembros y del Presidente de la República. En consecuencia, el 20 de marzo de 1981 es promulgada la Ley N° 17.983 continuando así con la numeración interrumpida en septiembre de 1973. La Junta Militar de Gobierno promulga una serie de leyes de enorme trascendencia, entre las cuales destacan la Ley de Regionalización del País (1974), el Plan Laboral (1979), la Ley de Municipalización de la Educación (1980), la Ley de AFP (1980) y la Ley de Isapres (1981).
La Carta de 1980 otorga amplias atribuciones al Presidente de la República, consagrando un régimen marcadamente presidencialista, al entregarle al primer mandatario un conjunto de facultades que le permiten gobernar el Estado sin contar con un contrapeso equilibrado por parte del Congreso. En relación al Congreso, establece su composición en dos Cámaras. La de Diputados está integrada por 120 representantes electos en los 60 distritos. El Senado queda compuesto de 26 senadores electos por votación universal, a razón de dos por cada una de las 13 regiones del país y por senadores designados por el régimen militar. Tras las reformas constitucionales de julio de 1989, se amplía el número de senadores electos a 38.
Con la elección de diputados y senadores el 14 de diciembre de 1989 se inicia el proceso de recuperación del Congreso Nacional, el que asume sus funciones con la instauración del gobierno democrático de Patricio Aylwin, el 11 de marzo de 1990. Luego de la recuperación de la democracia se retoma el orden de los periodos legislativos con la apertura del XLVIII Período Legislativo del Congreso Nacional. El actual LII periodo legislativo del Congreso se inició el 11 de marzo de 2010 y se extiende hasta el año 2014.
Por motivos de descentralización, la sede del Congreso se traslada a la ciudad de Valparaíso, ubicado en el barrio del Almendral, donde funcionó el hospital Enrique Deformes, demolido en vista de los severos daños que sufre por el terremoto de 1985. La actual sede del Congreso es una construcción de hormigón armado de grandes proporciones que posee un área legislativa, compuesta por salas del Senado y de la Cámara de Diputados, del Plenario del Congreso y las oficinas de las comisiones. Cuenta, además, con oficinas para los parlamentarios, biblioteca y dependencias administrativas. Sin embargo, este Parlamento opera con la presencia de los senadores designados y la reducción de las facultades del Congreso frente al Poder Ejecutivo. En ese sentido, las funciones legislativas y constituyentes del Congreso deben abordar las transformaciones que un sistema político democrático demandan.
En vista de que en el año 2000 se produce un cambio en la conformación de los senadores designados a favor de los partidarios de la reforma constitucional, se ve favorecida la tramitación de esta modificación. Tras cinco años de debate y quince de variados intentos, en el año 2005 y bajo la presidencia de Ricardo Lagos, son aprobadas 58 reformas a la Constitución de 1980. Estas reformas restan poder a las Fuerzas Armadas, aumentan las capacidades del Congreso y enmiendan profundamente a instituciones como el Tribunal Constitucional y el Consejo de Seguridad Nacional. Se reduce el periodo presidencial de 6 a 4 años sin reelección inmediata, se eliminan los senadores designados y vitalicios, se aumentan las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados, la eliminan la referencia al sistema electoral binomial en la Constitución y la función de las Fuerzas Armadas de ser “garantes de la institucionalidad”, y los comandantes en de las Fuerzas Armadas y de Orden ya no son inamovibles de sus cargos.
Desde el retorno a la democracia el Congreso Nacional ha promulgado importantes leyes, tales como la Ley que crea el Ministerio Público (1997), la Ley de Filiación (1998), la Ley de Igualdad Jurídica entre Hombres y Mujeres (1999), la Reforma Procesal Penal (2000), la derogación de la pena de muerte (2002), la nueva Ley de Matrimonio Civil (2004), la Ley de Tribunales de Familia (2004), la Ley de Violencia Intrafamiliar (2005) y la Ley de Reforma Previsional (2008).
En la actual legislatura (2010-2014) el Senado cuenta con 38 Senadores y la Cámara con 120 Diputados. La representación femenina ha aumentado notoriamente con respecto al pasado y podemos cuantificar a 19 parlamentarias, 14 Diputadas y 5 Senadores: María Isabel Allende Bussi, María Soledad Alvear, Ximena Rincón González, Ena von Baer y Lily Pérez San Martín.